El 21 de noviembre, el centro histórico y político de la Ciudad de Guatemala se inundó de manifestantes por la aprobación del Congreso del presupuesto 2021 de casi doce mil millones de dólares (o noventa y nueve mil millones de quetzales). El presupuesto planteado no solo redujo significativamente la ayuda a iniciativas de salud pública nefastas y ya con fondos insuficientes, sino que asignó dinero a ministerios conocidos por robar y vaciar fondos del gobierno. Mientras que los manifestantes se reunían en el Parque Central de la capital, los jóvenes estudiantes situados al frente incendiaron catárticamente el edificio del Congreso a solo unas cuadras de distancia y se enfrentaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para limitar su avance hacia una multitud mucho más grande y pacífica. El presidente recientemente electo de Guatemala y exdirector del sistema penitenciario guatemalteco, Alejandro Giammattei, y su administración se mantuvieron al margen mientras la PNC lanzaba gases lacrimógenos y hostigaba y arrestaba a manifestantes que tenían a la vista con cargos de manifestación ilegal y desorden público. La relativa facilidad para prender fuego al edificio del Congreso se ha vuelto sospechosa desde entonces, ya que académicos, activistas y comentaristas políticos han planteado preocupaciones sobre la posibilidad de esfuerzos de contrainsurgencia contra las críticas públicas y amplias a las decisiones del Congreso. Estas especulaciones, modificadas a través de las divisiones políticas y de clase, niegan relatos transparentes de eventos históricos. En consecuencia, se cuestionan las posiciones de experiencia, autoridad y objetividad.
El edifico del congreso incendiado por jóvenes manifestantes. Foto por autor.
La audacia de los funcionarios estatales en aprobar un presupuesto aparentemente corrupto no sorprende a los guatemaltecos. Una guerra civil especialmente violenta de treinta años (1960-1966) y un genocidio plagado de apoyo financiero y material de las campañas anticomunistas de los Estados Unidos, y una sucesión de protestas y paros nacionales contra las administraciones criminales a partir de entonces, hace que la movilización de noviembre sea casi rutinaria. Los hashtags que circulan por las redes sociales, como #NoEsElPresupuesto, recuerdan al público que la aprobación del presupuesto es solo el punto de inflexión de la negligencia administrativa durante este año. Desde el comienzo de la pandemia COVID-19, aquellos que necesitaban desesperadamente alimentos y ayuda financiera han ondeado banderas blancas en las calles. Mas recientemente, los huracanes Eta e Iota tocaron tierra a principios de noviembre lo que provocó inundaciones y deslizamientos fatales que dejaron a miles personas que ya estaban económicamente desfavorecidas, abandonadas y sin hogar.
La corrupción no solo ha robado a los guatemaltecos necesidades materiales como alimentos, vivienda, salud y seguridad, sino que ha despojado a la nación de servicios sociales como la educación. Respecto de la universidad -pública y privada- los estudiantes, los profesores y el personal afrontan la escasez de recursos que afectan no solo las capacidades docentes, sino también los fondos para la investigación financiada por el Estado. Los científicos sociales y los académicos de humanidades se sienten especialmente agobiados por estas restricciones, ya que estas disciplinas y sus estudiantes son algunos de los más opuestos a los abusos de los derechos humanos, la corrupción y la desigualdad. Estas realidades impulsan a los académicos a trabajar fuera del ámbito académico, no solo para ganarse la vida sino para aplicar sus conocimientos en rectificar injusticias diarias y mejorar los resultados políticos.
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Esta serie creció de las tensiones entre las realidades de la experiencia y la erudición, y la negociación del discurso estatal y gobernabilidad de Guatemala. Los autores de esta serie escriben entre sus subjetividades como trabajadores de campo en el país y sus objetivos de investigación. Al hacerlo, documentan cómo la ciencia en Guatemala, con poco apoyo institucional, da forma a los discursos de confianza, responsabilidad, realidad, ficción y acción. Al reflexionar en las condiciones de investigación basadas en la historia económica de Guatemala, las masas políticas y las comunidades ladinas, indígenas, rurales y urbanas, los autores de esta serie contextualizan cómo los científicos sociales deben cuestionar los procesos detrás de la creación de proyectos científicos y tecnológicos; las reacciones y las reflexiones de los destinatarios de los proyectos; además de examinar críticamente como la objetividad y la experiencia son posiciones de autoridad definidos y contestados.
En junio de 2020, dos enfrentamientos fueron noticia internacional y recordaron al público guatemalteco los privilegios otorgados a los modelos eurocéntricos de investigación. El 8 de junio se supo que Domingo Choc Che, Ajilonel, maestro herbalista y un científico Maya experto en medicina natural, había sido ejecutado públicamente, habiendo sido quemado vivo por conservadores religiosos que habían acusado al anciano de practicar brujería. Esta pérdida profunda e inhumana desafió los cimientos de la fe en la antropología y la erudición pública de Mónica Berger González. A través de su trabajo colaborativo y transdisciplinario con Domingo Choc Che en la documentación, publicación y promoción del conocimiento etnomedicinal indígena, Berger González medita sobre sus vacilaciones académicas y compromisos éticos. Concluye con un llamado a la acción dirigido a los científicos sociales.
Apenas una semana después, uno de los sitios del patrimonio maya más famosos del país, El Mirador, se convirtió en el centro de controversia cuando un arqueólogo de Estados Unidos propuso un plan de desarrollo turístico que socavaba el trabajo de conservación y los derechos de los líderes indígenas y campesinos locales a cambio de desarrollo privado. A través de su trabajo con concesiones de conservación en el norte de Guatemala, Alejandra Colom analiza la política imperialista de propiedad y documentación arqueológica. Ella plantea preguntas claves sobre la relación entre la representación de la herencia maya y la responsabilidad antropológica.
Estos dos relatos de la lucha por el reconocimiento indígena y campesino son ejemplos espectaculares de la experiencia cotidiana en Guatemala. En su publicación, Elis Mendoza relata el tiempo que ella pasó con el grupo activista de arquitectura Forensic Architecture mientras trabajaban con miembros de la comunidad de la aldea Sepur Zarco para hacer visibles los crímenes de guerra violentos y fatales cometidos durante la guerra civil de Guatemala, particularmente contra las mujeres. Mendoza une las epistemologías arquitectónicas con la investigación participativa comunitaria para reconstruir la memoria y las realidades de los abusos a los derechos humanos. Concluye reflexionando sobre la otra vida de la evidencia producida, llevada a la Corte Constitucional de Guatemala como testimonio contra el Estado.
Nicholas Copeland examina más a fondo la política de la evidencia. Trabajando con miembros de la comunidad Xinca para proteger sus tierras de los contaminantes causados por intereses mineros internacionales a gran escala, Copeland analiza la elaboración de pruebas “imparciales” por parte de diferentes partes interesadas para identificar los niveles de contaminación del agua natural dentro de la región. Examina la influencia de las instituciones internacionales de investigación y los compromisos de los propios investigadores para argumentar que la objetividad y la imparcialidad se definen de manera diferente por órdenes y privilegios éticos y políticos.
Por último, Micha Rahder centra su investigación en los animales no humanos y se pregunta cómo podrían encontrar su propia agencia dentro de las iniciativas de conservación, la política y las conclusiones. Al entrelazar ficción especulativa y trabajo de campo con apicultores de la Reserva de la Biosfera Maya, Rahder interpreta el lenguaje y la traducción de las abejas. Esta perspectiva narrativa sirve como un recordatorio importante para los antropólogos y para que otros investigadores similares abandonen las tensiones antropocéntricas en favor de una investigación más matizada y considerada.
Los autores de estas publicaciones brindan varias perspectivas sobre las condiciones de la experiencia en la Guatemala contemporánea. Sobre todo, cada uno de ellos demuestra cómo los científicos sociales están implicados no solo en la documentación de estos paradigmas, sino también en su propia constitución.
